Mas sobre sanata ... perdon Lanata .

Zioncity escribió: Precisamente a eso voy, que si bien no hay, la institucionalización en un mayor nivel, fija una presión en ciertas cuestiones que influencian en la currícula, no creo que hoy día exista tal autonomía. Porque precisamente las autoridades de cada universidad responden a las autoridades nacionales.
En el caso que planteas no se asegura la independencia gubernamental, sino la relación más estrecha bajo la llamada pluralidad política? No me cierra bien éso.

en las universidades nacionales el gobierno es ejercido por los propios docentes. Si quieren un cambio de currícula, sólo deben proponerlo en los consejos directivos y negociarlo con sus pares docentes, alumnos y graduados.

Por lo menos acá, no sucede éso en lo más mínimo. Hay presión de los gremios estudiantil y docente constantemente para ciertos cambios o cuestiones parecidas, hacia las autoridades universitarias.
A lo que voy, es que, no comparto el discurso en el cual se dice, que la educación básica, secundaria y terciaria responda a ciertas cuestiones y la manera en la que se desarrolla la universidad sea independiente, a fin de cuentas tiene objetivos bastante similares y las curriculas no varían tanto, además, depende el caso pero, ¿a qué responden los gremios? En muchos casos hay gremios que responden más a la representación partidaria del Gobierno, que a la de estudiantes y docentes.

La participación de los estudiantes es una figura, una sombra, hay mayores intereses detrás de cada decisión. Discrepo absolutamente en éso.
No confundí los tantos, partimos de distintas visiones de la práctica electoral y las decisiones finales, desde tu discurso de defensor de la actualidad, haces figurar que todo está bien, pero si fuera así, los estudiantes no seguirían pidiendo participación.

suleta escribió:La CONEAU quiere poner el cbc de 2 años. Are you crazy?

Charlie Ramone escribió:

suleta escribió:La CONEAU quiere poner el cbc de 2 años. Are you crazy?

La CoNEAU quiere destruir la educación pública, no le busques la lógica.

La Ley de Educación Superior N° 24521 fue sancionada en 1995 durante la presidencia de Carlos Menem y todavía sigue vigente. Esta ley se encuentra en el marco de privatizaciones que implementó dicho gobierno, fue realizada sin dar lugar a debate ni participación en la toma de esta decisión a la comunidad universitaria siendo esta última la principal afectada. También vulnera claramente la autonomía de las universidades.
La Constitución Nacional reconoce a la educación como un derecho como así también diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país. La LES transforma a la educación de un derecho a una prestación de servicios, es así como el estado se desliga de su deber de garantizar la educación pública a todos sus habitantes y convierte a la enseñanza en una simple mercancía. El artículo 1 de la LES pone en igualdad a las universidades públicas con las privadas, pero establece para que en este último caso irónicamente deben constituirse en entidades sin fines de lucro.
A lo largo de esta ley se puede observar una tendencia a implementar el autofinanciamiento de las universidades, de ese modo el Estado se va corriendo de su obligación de sostener económicamente a la educación para dejarla en manos del mercado.
También se implementan condiciones restrictivas de regularidad y actividad del estudiante a través de los régimenes de admisión, permanencia y egreso, esto resulta en una limitación en el accionar del estudiante al ejercer su derecho de estudiar.
Nuestra Constitución también establece que las universidades gozan de autonomía, esto se entiende como la capacidad que poseen para determinar sus órganos de gobierno, ejercer plenamente sus funciones, elegir sus autoridades, redactar sus estatutos y otorgar grados académicos sin intervención del Estado. La LES vulnera la autonomía que reconoce la Constitución, las instituciones universitarias deben supeditarse a lo que esta ley indica y uno de los puntos más importantes es que la universidad solo puede otorgar grados académicos y títulos habilitantes solo si es conforme a las condiciones que establece. También se adjudica al Ministerio de Educación el poder de revisar los estatutos de cada universidad. En otro punto es en donde queda establecido que el claustro estudiantil no puede tener una representación en los órganos de gobierno que supere el 30%, otro hecho que viola el principio de co-gobierno establecido desde la Reforma del 18'. Los planes de estudio también deben adecuarse a lo establecido por el Ministerio de Educación y cada carrera debe adecuarse a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU) para poder acreditarse.
La CoNEAU es el organismo encargado de evaluar y acreditar los títulos que determine de manera restrictiva el Ministerio de Educación. Esta comisión es finalmente la que implementa las pautas privatistas que surgen de la ley. La CoNEAU esta integrada por doce miembros designados por el Ejecutivo: tres en representación de las universidades públicas, uno por las universidades privadas, uno por la Academia Nacional de Educación, uno por el Ministerio de Educación y tres por cada una de las cámaras del Congreso Nacional. Al otorgar los fondos para el sostén financiero de las universidades el Estado tiene en cuenta los "indicadores de eficiencia y equidad" establecidos por la CoNEAU. Es importante aclarar que la CoNEAU no otorga validez a los títulos universitarios, esa facultad es del Ministerio de Educación. Es por eso que en la Universidad Nacional de Buenos Aires, órgano que presentó en su momento un recurso de amparo que la exime de cumplir esta ley sigue otorgando títulos habilitantes y es quien ha podido mantener la calidad académica en su institución gracias a la resistencia por parte de los estudiantes a la LES.
La LES abre explícitamente la posibilidad de arancelamiento para los estudios de grado, y lo que no es un olvido, no menciona garantizar la igualdad de oportunidades para estudios de post-grado. Actualmente en las universidades la mayoría de los post-grados son arancelados.
Diecisiete años después los efectos han sido evidentes: desfinanciamiento, el deterioro de las condiciones laborales docentes, la degradación de las condiciones de vida de la población en las aulas universitarias, la devaluación en el contenido académicos que se dicta en el sector público en pos de beneficiar los sectores que mercantilizan la educación como por ejemplo los cursos de post-grado.
La Universidad debe construirse a partir de su carácter de generadora, difusora y aplicadora de conocimientos, que den respuestas no solo a los requerimientos de las empresas; sino que sean capaces de contribuir al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad. Así es que la derogación de esta ley de educación superior y la promulgación de una ley de universidades nacionales es impostergable.

En el día de ayer la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación de cuatro universidades privadas en nuestro país, una de las cuales se instalará en la ciudad de Córdoba. Esta última estará a cargo del Hospital Privado y dictará la carrera de Medicina y distintos posgrados, tendrá una currícula de aproximadamente 50 alumnos e iniciará sus actividades en 2014. Cabe destacar que será financiada con fondos del Estado Nacional resultando esto una gran contradicción con el rol que desempeña el ejecutivo en materia de educación superior pública.
Mientras tanto en nuestra universidad pública, los estudiantes de Medicina en particular sufrimos la falta de inversión desde hace décadas que se manifiesta en el deterioro en la infraestructura, la reducción de la planta docente, el vaciamiento y la privatización de los hospitales escuela, el nombramiento masivo de ayudantes ad honorem que son utilizados como mano de obra precarizada y la desprotección ante el hecho de cursar en instalaciones que no cumplen las normas mínimas de seguridad y bioseguridad, entre otras.
Al comunicar esta noticia, la presidente hace énfasis en el supuesto aumento en un 22% de las personas que acceden al sector educativo público; sin embargo esto se desmiente fácilmente ya que las autoridades de nuestra Facultad celebran la disminución de la matrícula a 3000 alumnos. Esto se logra a través de distintos mecanismos como ser el cupo de ingreso, el régimen alumno activo-pasivo, el recorte de los turnos de exámen, el cupo a las residencias, la falta de becas y la ausencia de horarios optativos de cursado para quienes también trabajan.
Esto tiene su raíz en la política privatista que lleva adelante el rectorado y las autoridades de nuestra Facultad en el marco de la Ley de Educación Superior a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU). Esta ley fue sancionada durante el gobierno menemista y aún tiene vigencia y hasta se ha profundizado. Las medidas llevadas a cabo en desmedro de la educación pública como la devaluación de contenidos académicos en la carrera de grado para trasladarlos al negocio de los posgrados pagos son el punto cúlmine de esta política privatista.
Cabe destacar que en esta última gestión universitaria de la Rectora Scotto que dice ser progresista fue la que más ha avanzado en la acreditación de carreras a la CoNEAU.
Ante este ataque a la educación pública somos quienes denunciamos esta afrenta y tenemos la responsabilidad de luchar en pos de ella reivindicando las banderas de la Reforma del 18' defendiendo hoy más que nunca el carácter público y gratuito de nuestra universidad.